Tras un largo periplo legislativo, el Consejo y el Parlamento Europeo finalmente adoptaron la Directiva 2014/104/UE, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del derecho nacional, por infracciones del derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.

La Directiva constituye un primer paso en el proceso de armonización de las legislaciones nacionales en materia de reclamación de daños. La transposición de la Directiva a nuestro ordenamiento jurídico deberá ser efectiva antes del 27 de diciembre de 2016.

A pesar de la existencia de un número importante de sentencias condenatorias por la existencia de una práctica restrictiva de la competencia, son escasas las acciones subsiguientes (folow on) para que sean reparados los daños y, menos las acciones aisladas (stand alone) de reclamaciones de reparación de daños.

Por ello, el objeto de la Directiva es garantizar que cualquier víctima de una infracción de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) pueda reclamar del infractor el pleno resarcimiento del daño que dicha práctica pudiera haberle causado. 

Ante la inexistencia, por el momento, de una normativa de la UE en la forma de esta reparación, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer la regulación del ejercicio de tal derecho.

Cabe señalar que la Directiva 2014/104/UE establece que todo juez civil que conozca de una acción de daños quedará vinculado por las resoluciones firmes de la autoridad nacional de la competencia en lo que se refiere a la existencia de una infracción del Derecho de la competencia.

El damnificado tiene derecho a la reparación del daño emergente, el lucro cesante y los intereses derivados del perjuicio de tal manera que se le reponga en la posición que tendría de no haberse producido el acto ilícito.

En cuanto al método de cálculo del daño ocasionado, la UE sólo pide que se respete, por un lado, el principio de efectividad, es decir, la regulación no debe hacer excesivamente difícil o económicamente inasumible por parte del afectado o afectados, conseguir una reparación de daños. Por otro lado, debe cumplirse el principio de equivalencia, es decir, no debe ser la legislación a este respecto menos favorable que las que regulan demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de derechos similares.

Pese a que no existe en el derecho comunitario ni nacional ninguna cuestión metodológica en cuanto a el cálculo económico a seguir en la cuantificación del daño, la carga de la prueba y cantidad precisa del daño debe ser reclamada por el perjudicado con los estudios económicos pertinentes, al tiempo que el juez puede pedir informes económicos de cuantificación independientes

Solchaga Recio & asociados aplicará la teoría económica para demostrar los efectos de una elevación del precio como resultado de un cartel sobre la cantidad demandada, o los efectos de una pérdida de cuota de mercado por otras prácticas restrictivas de la competencia. Nuestros informes permitirán identificar los tres tipos de daños cuantificables

  • el efecto repercusión o pass-on,
  • el efecto sobreprecio o daño emergente, y
  • el efecto volumen o lucro cesante.

 

 

 

 

 

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